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A propósito de la realización del VI Festival Internacional de Cortometrajes FENACO 2009 que una vez más se llevó a cabo aquí en la ciudad de Qosqo en el mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de conversar con la organizadora y promotora de dicho festival, la colombiana Inés Agresott. La entrevista se centró exclusivamente en las dos propuestas de ley que se están discutiendo actualmente en el Congreso para definir la nueva Ley de Cinematografía Peruana. El debate es muy polémico entre los mismos actores de toda la industria cinematográfica peruana a tal punto que se han formado dos asociaciones que agrupan tanto a exhibidores, distribuidores, productores y realizadores, entre otros, y que representan diferentes perspectivas sobre el futuro del cine en Perú.

Inés es miembro de una de esas instituciones, la Asociación de Cineastas Peruanos (ACP), que agrupa a un total de 170 personas del mundo del cine, entre las cuales destacan Alejandro Legaspi, Nora Iscue, Francisco Adrianzen, Christian Wiener y Jorge Delgado, entre otros. La ACP apoya y defiende la propuesta de ley titulada De Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional o propuesta de ley 3091.
Por otra parte, la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), que está integrada por 30 reconocidos personajes del cine como Lombardi, Augusto Tamayo, Claudia Llosa y Chicho Durand, brinda su respaldo a la propuesta con el título de Ley de la Masificación del Cine y Fomento de la Producción Cinematográfica o propuesta de ley 3339.

Actualmente está vigente una ley que exonera a las grandes empresas de distribución de cine extranjeras como Fox y la Warner al pago de impuestos por el ingreso de películas al país. Esa facilidad no ocurre en ninguna otra parte del mundo, critica Inés.
Por otro lado, los distribuidores y exhibidores pagan a las municipalidades un impuesto del 10% por la venta de las entradas de cine, nos explica Inés. La mitad de ese 10% es transferido de la municipalidad al Consejo Nacional de Cine (CONACINE), ente nacional cuya finalidad es promover la producción de cine nacional.

Lo que la propuesta 3339 plantea es la eliminación total del pago de dicho impuesto. A su vez, los exhibidores y distribuidores se comprometen a entregar el 3% de la venta neta de entradas para un fondo destinado a la promoción del cine. Sin embargo, el proyecto menciona que el pago de ese 3% es de manera temporal, voluntaria y no obligatoria. Más aún, esta propuesta no estipula la creación de una cinemateca o filmoteca, ni la promoción de festivales de cine como el de la Universidad Católica y el FENACO.
La mitad de lo que los distribuidores y exhibidores brinden se destinaría a la construcción de salas de cine en provincias con la finalidad de crear más puestos de trabajo. Con otra parte de ese monto voluntario se perseguiría a la piratería y el saldo restante sería para incentivar la producción de películas.

La ACP tiene bien claro que la inversión en salas de cine es un tema netamente empresarial y que la persecusión de la piratería entra en el terreno legal o judicial y, por lo tanto, ambos argumentos no deberían figurar en una ley cuya finalidad es la de fomentar e incentivar nuevas producciones nacionales sobre todo de realizadores jóvenes que no cuentan con el presupuesto para financiar tamaña empresa.
La propuesta 3091, respaldada por la ACP, pretende que CONACINE se vuelva un ente mucho más activo otorgándole un mayor presupuesto a través del impuesto que se paga por las entradas. Se busca también la creación de la filmoteca nacional asi como preparar a cineastas autodidactas y apoyar más al desarrollo de festivales de cine en todo el país.

En la clausura del FENACO 2009, Inés Agresott se dirigió al público asistente y, sobre todo, a las personas involucradas en el mundo del cine y les solicitó tomar una actitud más clara y protagónica con respecto al debate actual sobre la futura ley.